• Foro de participación módulo 4

  • Anonymous

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    02/11/2021 at 8:59 pm
  • Anonymous

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    03/09/2021 at 6:31 pm

    Queridos compañeros y compañeras:

    Espero que se encuentren muy bien y todas sus cosas vayan marchando conforme a lo planeado.

    En este caso, quiero leer sus opiniones y aspectos positivos a resaltar sobre la Sentencia C 996 de 2001.

    Quedo atento!!

    • Anonymous

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      03/14/2021 at 12:36 am

      Cordial saludo,

      La sentencia c 996/2001 declaró exequibles los artículos 48, 49, 57 y 61, la verdad, me parece positivo que un proceso disciplinario tenga más de una instancia, y mejor que sea una oficina en la propia entidad, la primera instancia de tal forma que se garantice un proceso conforme con lo previsto en el CDU. En un Estado Social de Derecho, confiamos en que los funcionarios públicos tengamos actuaciones correctas, asimismo, si caemos como investigados en un proceso disciplinario, esperamos que el proceso se lleve de manera correcta y atendiendo los principios principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. Por lo menos en el papel es un respaldo a los funcionarios, sin embargo, debemos tener claros los conceptos y saber cómo defendernos y entender que tenemos derecho a una segunda instancia.

      Feliz noche

      • Anonymous

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        03/22/2021 at 1:56 pm

        Magda: Muy bien, es el desarrollo de un derecho Constitucional a la Doble instancia y a ser juzgado en forma motivada y objetiva, libre de toda consideración subjetiva y respetando el procedimiento establecido.

    • Anonymous

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      03/15/2021 at 7:30 pm

      Lo interesante de la sentencia es:

      1. La diferencia que establece entre el control disciplinario interno (a cargo de el Ministerio Público y de entidades administrativas) y el <i style=”font-weight: bold;”>control interno de gestión (a cargo solo de las entidades administrativas).

      2. Establece claramente la función de la Procuraduría General de la Nación en la acción disciplinaria. El poder preferente de esta institución en la investigación disciplinaria señalando la “jerarquía inferior” de algunas entidades, preferencia que no implica exclusividad y por tanto excluyente.

      Finalmente, comparto la postura del demandante adicionando que conforme el numeral 3o. del artículo 277 Superior la Procuraduría General de la Nación es un organismo de control que representa los intereses de la comunidad. En ese orden, el ejercicio de la acción disciplinaria asignado a este órgano de control manifiesta el control que hace la propia sociedad civil a la actividad de los servidores públicos, por tanto, endilgar esta facultad de vigilancia y control a funcionarios de la propia entidad a la que pertenece el servidor investigado desnaturaliza los principios de independencia y autonomía que caracterizan al Ministerio Público al tiempo que desborda la competencia funcional asignada por la propia Constitución del 91 a las rama ejecutiva. Otra cosa muy distinta debe ocurrir con el control interno de gestión el cual si debe ser ejercido por la propia entidad pública ya que es de su competencia mejorar la prestación del servicio público asignado a ella . En fin creo que la Corte Constitucional cae, como en muchos de sus fallos, en contradicciones argumentativas ya que ¿por que razón la ley si le permite a las entidades públicas intervenir en el control disciplinario mientras que le impide al Ministerio Público intervenir en el control interno de gestión?

      • Anonymous

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        03/22/2021 at 1:59 pm

        Adri: Me gustan opiniones críticas como la tuya.

        Ésta Sentencia es un importante desarrollo del Derecho Fundamental a la Doble instancia, clave, dentro del proceso disciplinario y reconoce las facultades y competencias de la Procuraduría en el ejercicio del mismo.

  • Anonymous

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    03/15/2021 at 7:29 pm

    Si bien es cierto que con esta sentencia se brinda la segunda instancia dentro de un proceso disciplinario, pero voy a dar mi opinión en lo personal, aspiro que esto no suceda sin embargo pueden presentarse algunos inconvenientes en el evento que se instaure una queja y lo digo por los siguientes argumentos:

    1. No podría existir objetivas e imparcialidad más aun cuando el Jefe de esta Oficina es un subalterno del ordenador del gasto o representante legal, porque existir ese vínculo laboral se pudiese manejar al antojo este tipo de decisiones.

    2. Las personas cuando tienen el poder se puede ver sesgado al impartir justicia por cualquier tipo de presión, orden o manipulación.

    Por esto es importante que en muchos casos se pueda acudir a la Procuraduría para solicitar ser investigado mediante el poder preferente que ésta goza.

    Lo digo por muchas actuaciones que uno ha podido observar esa falta de igualdad, celeridad, eficiencia, eficacia, que vulneran los derechos como seres humanos y servidores públicos de nuestro país.

    Además de todo esto a veces lamentablemente los dirigentes sindicales no podemos ser ajenos a este tipo de manejos por parte de quienes tienen el poder al frente de las entidades del estado, que no solo podremos ser objetos de acoso laboral y persecución sindical.

    Sin embargo, con este curso estamos obteniendo los conocimientos para evitar que se sigan vulnerando los derechos a la defensa con todas las garantías procesales de los compañeros o la nuestra.

    • Anonymous

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      03/22/2021 at 2:01 pm

      Hola Pedro: Tienes razón, tu opinión es muy critica de la realidad, pero me surge una pregunta: ¿Cómo evitar entonces el abuso del poder preferente?, y ¿Cómo hacer para que internamente las investigaciones sean ajustadas a los Principios, derechos y deberes?.

  • Anonymous

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    03/15/2021 at 10:24 pm

    Me parece muy importante que en determinado momento se le brinde una segunda oportunidad al disciplinado si evidencia que no se está llevando el debido proceso en su caso, ya que podría acudir a la procuraduría para que tenga la tranquilidad que en su proceso se llevará de forma clara.

    Sin embargo como en el caso de las universidades públicas que por su autonomía, tienen su propia oficina de control disciplinario, esto puede llegar a ser un arma de doble filo, toda vez que quien está al frente de esta oficina es nombrado por el representante legal de la administración de turno lo que no da la tranquilidad al disciplinado de que se lleve el debido proceso. Lo digo porque he vivido un caso muy de cerca con un compañero líder sindical al que le abrieron un proceso disciplinario y con todo lo sucedido podemos evidenciar que le está siendo objeto de acoso laboral y persecución sindical, solo por ser una persona crítica con las acciones de la administración y exigir que se respete todo lo pactado en las negociaciones.

    • Anonymous

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      03/22/2021 at 2:06 pm

      Hola Luz: No podríamos confundir las cosas.

      Los actos atentatorios al Derecho de Asociación Sindical, se denuncian en Ministerio del trabajo (Querella administrativa) y Denuncia Penal (por violación art 200 del Código Penal).

      Los actos relacionados en el Art 9 de la Ley 1010 del 2006 y el C-190 de la OIT, se denuncian ante el Comite de Convivencia Laboral, al COPASST y ante Min Trabajo y Procuraduría.

      Y en materia disciplinaria, si el juzgador no cumple su deber, ante la Procuraduría y Fiscalía.

      Quedo atento!!

  • Anonymous

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    03/16/2021 at 10:59 am

    En cuanto a la sentencia 229 de 1995 habla de las sanciones y quién las hace efectivas en los casos de faltas disciplinarias de los servidores públicos?

    En materia disciplinaria, el principio general de competencia consiste en que el poder para investigar y sancionar a los servidores públicos, es ejercido preferentemente por el Procurador General de la Nación y por el nominador o superior inmediato, de conformidad con la ley. Debe subrayarse que en algunos casos, el poder preferente de que está investido el Procurador General de la Nación o sus delegados, conlleva a desplazar dentro del proceso disciplinario que se adelante contra determinado funcionario en la etapa de la investigación, al nominador o jefe superior del mismo. Procedimiento este que una vez concluído, da lugar a que se profiera la decisión que pone término a la actuación administrativa, la cual una vez en firme, debe ser cumplida por el nominador.

    • Anonymous

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      03/22/2021 at 2:12 pm

      Yoini: Cuando se dice que “el poder para investigar y sancionar a los Servidores Públicos, es ejercido preferentemente por el Procurador General de la Nación y por el nominador”, esa “Y” quiere decir que puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho.

  • Anonymous

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    03/23/2021 at 9:22 pm
  • Anonymous

    Deleted User
    03/23/2021 at 9:33 pm

    Opiniones y aspectos positivos a resaltar sobre la Sentencia C 996 de 2001.

    1. Dio claridad al concepto de lo que significa “el sistema de control interno disciplinario”, con el que debe contar cada una de las entidades del estado Colombiano, el cual fue adoptado por la Ley 734 de 2002, en el sentido de que debe existir una oficina del más alto nivel, especializada, autónoma e independiente, que debe investigar la conducta de los servidores de la respectiva entidad, y quien estará a cargo de la primera instancia de los procesos sancionatorios disciplinarios; correspondiendo el conocimiento de la segunda instancia de los procesos disciplinarios al nominador de la entidad pública.

    2. Definió que el único competente para investigar a la máxima autoridad de cada uno de los entes administrativos de Colombia, es la Procuraduría General de la Nación.

    3. Esta jurisprudencia hace una importantísima diferencia entre lo que es el control disciplinario interno y el control interno de gestión, al establecer que, aunque tienen la misma finalidad cual es contribuir al servicio de los intereses generales del Estado estableciendo mecanismos para la adecuada y correcta gestión administrativa, difieren sustancialmente en los objetivos, así:

    Mientras el control interno disciplinario consiste en el poder punitivo del Estado frente a la violación de la Constitución, la ley o el reglamento, por parte de los servidores públicos lo que le permite vigilar la conducta oficial de las personas que desempeñan funciones públicas, el control interno de gestión se encuentra encaminado a lograr la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, tendiente a la consecución de mayores niveles de eficiencia en todos los órganos y entidades del Estado.

    4. Por último, establece que la Procuraduría General de la Nación es un organismo de control, independiente y autónomo, de carácter administrativo, y, en ese orden de ideas, no puede desconocer los principios de orden constitucional que rigen la función administrativa y el presupuesto, según el cual esa función se encuentra al servicio de los intereses generales.

    De ahí, que se hayan establecido controles para que la actividad de los servidores del Estado, se enmarque dentro de los imperativos de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad “mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

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