• Anonymous

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    03/23/2021 at 9:33 pm

    Opiniones y aspectos positivos a resaltar sobre la Sentencia C 996 de 2001.

    1. Dio claridad al concepto de lo que significa “el sistema de control interno disciplinario”, con el que debe contar cada una de las entidades del estado Colombiano, el cual fue adoptado por la Ley 734 de 2002, en el sentido de que debe existir una oficina del más alto nivel, especializada, autónoma e independiente, que debe investigar la conducta de los servidores de la respectiva entidad, y quien estará a cargo de la primera instancia de los procesos sancionatorios disciplinarios; correspondiendo el conocimiento de la segunda instancia de los procesos disciplinarios al nominador de la entidad pública.

    2. Definió que el único competente para investigar a la máxima autoridad de cada uno de los entes administrativos de Colombia, es la Procuraduría General de la Nación.

    3. Esta jurisprudencia hace una importantísima diferencia entre lo que es el control disciplinario interno y el control interno de gestión, al establecer que, aunque tienen la misma finalidad cual es contribuir al servicio de los intereses generales del Estado estableciendo mecanismos para la adecuada y correcta gestión administrativa, difieren sustancialmente en los objetivos, así:

    Mientras el control interno disciplinario consiste en el poder punitivo del Estado frente a la violación de la Constitución, la ley o el reglamento, por parte de los servidores públicos lo que le permite vigilar la conducta oficial de las personas que desempeñan funciones públicas, el control interno de gestión se encuentra encaminado a lograr la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, tendiente a la consecución de mayores niveles de eficiencia en todos los órganos y entidades del Estado.

    4. Por último, establece que la Procuraduría General de la Nación es un organismo de control, independiente y autónomo, de carácter administrativo, y, en ese orden de ideas, no puede desconocer los principios de orden constitucional que rigen la función administrativa y el presupuesto, según el cual esa función se encuentra al servicio de los intereses generales.

    De ahí, que se hayan establecido controles para que la actividad de los servidores del Estado, se enmarque dentro de los imperativos de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad “mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.